Política ambiental que amplía o extiende la responsabilidad (administrativa, financiera o física) que un productor tiene sobre los productos que comercializa hasta la gestión de su residuo. El concepto fue introducido por Thomas Lindhqvist de Suecia en 1990 y, por lo general, se entiende como un estímulo a los productores para que tengan en cuenta las consideraciones ambientales durante las fases de diseño y fabricación del desarrollo del producto.